El Gobierno español podrá cerrar páginas webs que incumplan reiteradamente la legislación sobre derechos de autor sin necesidad de que un juez lo autorice cuando se produzca una reiteración del delito. Así lo establece la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que dieron este martes su visto bueno por unanimidad los principales partidos. PP, PSOE y Ciudadadanos acordaron en la Comisión de Cultura del Congreso una enmienda al artículo 195 del texto actual para eliminar la obligación de que sea un magistrado el que autorice el cierre de una página web que incumpla reiteradamente la norma o en aquellos casos en los que con anterioridad ya haya habido una resolución judicial. El objetivo final es agilizar el proceso en las situaciones de fraude más evidentes.
Según el nuevo texto, «la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa». Pero esto sólo le ocurrirá, insistieron los partidos que llegaron a este acuerdo, a páginas webs piratas que ya hayan estado implicadas en un caso anterior de vulneración de derechos de autor o que hayan sido advertidas por un juez con anterioridad.
De esta forma, la decisión de cerrar una página web que ya haya sido sancionada corresponderá a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano compuesto por nueve funcionarios que no están vinculados ni a la judicatura ni a los partidos.
El espíritu de la nueva ley es la lucha contra la piratería, en sus diferentes ramas. Ahora deberá ser el Senado el que examine la reforma, que muy probablemente saldrá adelante en este cámara, en la que el Partido Popular, además, tiene mayoría absoluta.
Gestión de contenidos
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también aumenta el control sobre las entidades de gestión de contenidos. Con la reforma del punto I del Artículo 159, el Congreso ha puesto un tope del 20% a lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario nocturno y de mínima audiencia respecto a lo conseguido «en un uso intensivo o cuantitativo máximo de las obras», lo que hasta ahora se denominaba 'la rueda de las televisiones', que derivó en un fraude que puede alcanzar los 100 millones de euros, según los investigadores.
Para reforzar la legalidad dentro de las entidades de gestión, las que superen los 100 millones de euros de recaudación anual (algo que que en España sólo ocurre con la SGAE) deberán «nombrar como miembros del órgano de control interno a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano».
La reforma pone un tope a la recaudación de cada autor para evitar 'la rueda de las televisiones'
La SGAE, principal destinataria de las medidas aprobadas este martes por el Congreso, aceptó de buen grado la nueva legislación. «Sin perjuicio de llevar a cabo un análisis más detallado, en líneas generales valoramos de manera positiva el hecho de que se clarifique la situación. Esto nos ayudará a desarrollar nuestra labor como entidad de gestión», aseguró en un comunicado la sociedad general de autores, que estrenó hace pocos días a su nuevo presidente, el músico José Ángel Hevia.
En el lado contrario, la asociación de consumidores Facua rechaza que la reforma facilite el cierre de las webs porque «será un solo órgano (la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) el que decida qué es una infracción, cuándo es reiterativa y cuándo es una reanudación». A juicio de esta organización, las decisiones «podrían ser unilaterales y arbitrarias», lo que «les permitirá saltarse el control judicial».
lasprovincias.es
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