Según las estadísticas de varios organismos internacionales, se conoce que el número de personas que han salido de Venezuela supera los 3,7 millones. Estas cifras sin precedentes en la región nos llevan a pensar que cada número representa una vida luchando por superar una situación no programada, buscando condiciones de vida dignas que en su país ya no pueden hallarse. Se estima que la mitad de la población migrante son mujeres.
La crisis en Venezuela aqueja tanto a hombres como a mujeres.
No obstante, esta situación está afectando de manera diferenciada a la población femenina. La falta de acceso a servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, hace que las mujeres no puedan ejercer su derecho a una salud integral. Es el caso de muchas embarazadas que buscan salir del país antes de dar a luz, pues temen morir en un parto con deplorables condiciones hospitalarias. La falta de acceso a insumos sanitarios femeninos también está afectando su salud. Las dificultades que enfrentan las mujeres cabeza de familia que migran son evidentes.
Muchas de ellas optan por diversos medios para alimentar a sus hijos durante el viaje. La venta de cabello y leche materna se ha vuelto una práctica común para obtener algo de ingresos. El contexto hace que las mujeres se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, al estar expuestas a redes de trata y tráfico de personas. Las adolescentes sin documentación son su blanco preferido.
En estos ejemplos de las afectaciones que enfrentan las mujeres venezolanas, se evidencia que esta crisis tiene connotaciones específicas para este grupo.
Por tanto, se hace imperante que las soluciones que se plantean desde la comunidad internacional y los países de acogida, también sean diferenciadas para las mujeres. No se trata de favorecer a un grupo, sino de entender a profundidad las necesidades de cada segmento de la población, para que la asistencia sea efectiva y contribuya a garantizar la dignidad humana.
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