Hablamos de cerca de 1 millón de personas desplazadas por la violencia, odio y discriminación que han sufrido en las últimas décadas en su país de origen, donde ni siquiera son considerados ciudadanos.
Este número, ya bastante alto, sigue aumentando a raíz de recientes olas de represión en una tierra conocida por su devoción budista y ser la nación más generosa del mundo. Además, Myanmar es liderado por una Nobel de la Paz.
El origen de los rohingya
El término rohingya deriva del antiguo nombre del estado de Rakhine, Rakhanga, lugar que habría estado habitado por musulmanes desde el siglo XV, según algunos historiadores. Hablamos de una población proveniente de la actual Bangladesh que convivió durante siglos con los nativos budistas, creando una nación autónoma con una mezcla inusual de ambas culturas. Hubo, por ejemplo, gobernantes budistas que utilizaban títulos islámicos para honrar al vecino Sultanato de Bengala. Pero en 1784 todo cambió.
Rakhine fue anexado a Burma (otro nombre de Myanmar) y sus habitantes expulsados. La mayoría optó por irse hacia el oeste, a las tierras bengalíes.
En el siglo siguiente el colonialismo complicó las cosas. India, Bangladesh y Myanmar eran parte del Imperio Británico, y estos promovieron fuertemente una migración de mano de obra india y bengalí hacia tierras birmanas. Hablamos de varios millones de personas, musulmanes principalmente, que entre el siglo XIX y XX llegaron a Myanmar.
En Rakhine, por su escasa población debido al desplazamiento forzado, se notó especialmente este influjo de migrantes que, si bien eran parte del mismo Imperio, fueron vistos como invasores por los locales. Ellos, hasta el día de hoy, ven a su país como el último bastión del budismo en una región predominantemente musulmana.
Aquí parten los desacuerdos. Los budistas potencian esta última parte, apelando al origen reciente y extranjero de los rohingya y su incompatibilidad con la tradición imperante del país, mientras que ellos se defienden trazando sus raíces hasta mucho antes de este evento, algo apoyado por la aparición del término rohingya en textos precoloniales. Hasta el día de hoy no existe consenso histórico al respecto.
La independencia de Myanmar en 1948 le vino bien a los rohingya. Se les reconoció como grupo indígena del país y muchos de sus miembros ostentaron importantes cargos políticos. Incluso se creó un partido político que buscaba crear un estado autónomo musulmán en Rakhine. Pero un golpe de estado en 1962 puso fin a todas sus pretensiones.
Bajo el mando del general Ne Win, los militares birmanos -con el apoyo de la mayoría budista- comenzaron a perseguir activamente a la minoría musulmana, logrando expulsar a cerca de 200 mil de sus miembros a Bangladesh en la década de los 70s, o “repatriarlos”, según la retórica del gobierno. Bangladesh, por su parte, alegó que se trataba de ciudadanos birmanos discriminados por su religión.
Solamente las gestiones de la ONU lograron el regreso de estos refugiados, quienes fueron reubicados en la provincia de Rakhine.
En 1982, bajo el mismo gobierno militar que terminaría recién en 2011, se aprueba una ley que excluye a los rohingya de la ciudadanía del país. “Como resultado de la ley”, explica el Al Jazeera, “sus derechos para estudiar, trabajar, viajar, casarse, practicar su religión y tener acceso a servicios de salud pública han sido y siguen siendo restringidos”.
Todo esto, sumado a brotes de violencia ocasionales, han hecho de la migración casi una obligación para los rohingya. Actualmente se estima que Bangladesh alberga a 650 mil de ellos, Malasia 150 mil, Arabia Saudita 200 mil y Pakistán unos 350 mil. Es así como los rohingya fueron nombrados, informalmente, “la minoría más perseguida del mundo” por la misma ONU.
La crisis actual
Como les contamos en 2015, el gobierno de transición fue sucedido por el primer gobierno democrático no-militar de Myanmar desde 1962. Un gran papel jugó la política Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, revolucionario considerado Padre de la Nación por sus gestiones para la independencia del país.
Aung San Suu Kyi fue por décadas una de las voces más críticas contra la dictadura militar, y por ello vivió muchos años bajo arresto domiciliario. En 1991 fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz.
Por una tecnicidad (tener hijos de nacionalidad extranjera) no pudo asumir como Presidenta luego de las últimas elecciones, pero desde 2016 tiene el rol de Consejera del Estado, un cargo creado especialmente para su caso, con poderes similares a los de un Primer Ministro.
En septiembre de 2016 hubo, al menos, un primer avance en la situación de los rohingya. Aung San Suu Kyi le pidió a Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU, liderar una comisión para evaluar las formas de sanar relaciones entre la comunidad budista y musulmana en Rakhine.
El informe se publicó en agosto con un claro mensaje: Myanmar debe eliminar las restricciones de movimiento y ciudadanía si quiere dejar de alimentar el extremismo rohingya.
Este extremismo se manifiesta en el grupo armado Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), formado el año pasado y que cuenta con miembros entrenados en el extranjero. Ellos se presentan como un grupo de musulmanes que lucha por un estado democrático para los rohingya, mientras que el gobierno los cataloga de grupo terrorista.
Fue el Arsa el gatillador de los últimos eventos que han provocado la salida de miles de rohingya cada día, hacia la frontera bengalí. El 25 de agosto el grupo atacó puestos policiales en el estado de Rakhine, matando a 12 personas. La reacción de la policía no se hizo esperar, incendiando casas musulmanas y amenazando a sus habitantes en diversas localidades del estado, con complicidad de los budistas locales.
Ma Ba Tha, un grupo ultranacionalista liderado por monjes budistas, también han reforzado su retórica anti-musulmana gracias a estos eventos. En un reciente titular de un diario nacionalista se leía: “Los distintos peligros de los bengalíes musulmanes”, haciendo un guiño, como ha sido su postura en el último siglo, a la estigmatización de los rohingya como extranjeros provenientes de Bangladesh. No se trata de un caso puntual. Cada evento polémico que ha involucrado a miembros de la minoría ha sido inmediatamente explotado por este y otros grupos nacionalistas.
Se estima que en estos últimos enfrentamientos han muerto entre 400 a 1.000 personas. Mientras el gobierno explica que se trata de terroristas muertos en una “operación de limpieza”, gobiernos como el de Irán y Turquía emplean ya términos como “masacre”.
En el gobierno, Aung San Suu Kyi ha sido la peor parada de este asunto. El 28 de agosto acusó a las ONGs de “ayudar a los terroristas rohingya”. A los pocos días, el gobierno bloqueó la ayuda -en comida, agua y medicinas- de agencias de la ONU a la minoría musulmana. El acceso de periodistas a la zona también se ha visto muy limitado, por lo que acusaciones del gobierno, como que los rohingya incendiaban sus propios hogares, no han podido ser confirmadas.
Su única declaración oficial se ha remitido a atacar “noticias falsas” que han buscado “promover los intereses de los terroristas”.
La Consejera está en la cuerda floja. Sus vecinos con población musulmana, como Malasia e Indonesia, podrían cortar sus vínculos con Myanmar sí no cesan las acciones contra los rohingya. Las Maldivas ya lo hizo.
Chechenia, Irán, Pakistán y Turquía también han condenado públicamente el accionar de la policía birmana, presionando a la comunidad internacional a hacer algo para evitar un “genocidio”, en palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Otra Nobel de la Paz, la paquistaní Malala Yousafzai, también ha hecho público su descontento, apelando directamente a la Consejera birmana. "En los últimos años he condenado repetidamente este trágico y vergonzoso tratamiento. Todavía estoy esperando que mi compañera Nobel Aung San Suu Kyi haga lo mismo”.
ELDEFINIDO
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